Ministro Rodrigo Arias plantea ejes centrales para reforma de la Constitución

San José, Miércoles 11 de marzo de 2009. El Ministro de la Presidencia, Rodrigo Arias, planteó hoy los 10 ejes centrales en los que, a su juicio, debería centrarse una necesaria y urgente reforma a la Constitución Política, para ofrecer a los costarricenses un texto fundamental renovado y moderno. Esos ejes que, según Arias, podrían ser la base de reflexión y trabajo de una Asamblea Constituyente, serían: Sistema político y República, Derechos fundamentales, Régimen electoral, Poder Legislativo, Poder Ejecutivo, Poder Judicial, Administración Municipal, Administración descentralizada, Control y fiscalización, y, por último, Sistema normativo, vigencia y reformas a la Constitución. Rodrigo Arias detalló lo anterior al participar como uno de los oradores en la primera jornada del debate “Constitución Política - 60 Aniversario, ¿Reformas Parciales o Constituyente?”, efectuado en la Asamblea Legislativa, y organizado por dicho Poder de la República, FLACSO Costa Rica y la Fundación Interamericana. En su discurso, el Ministro dijo ver en la Asamblea Constituyente “la misión de buscar una mejor estructura organizativa y funcional, para solucionar la lentitud en la adopción y ejecución de decisiones cruciales, para rescatar el principio de autoridad y de acción del Poder Ejecutivo, y para potenciar la unidad y concertar eficientemente los medios y esfuerzos de todo el sector público, dando énfasis a las áreas sensibles de fiscalización y control”. Arias detalló algunas de sus propuestas de reformas en algunos de los ejes claves antes señalados: 1.- Derechos ciudadanos Sistematizar en un único título, ordenado por categorías, los derechos actualmente recogidos en la Constitución Política vigente, textos internacionales sobre derechos humanos y en los múltiples pronunciamientos de la Sala Constitucional, y precisar sus contenidos básicos. 2.- Régimen electoral El Estado debe optar por mantener una estructura organizativa repartida entre cuatro poderes: Electoral, Legislativo, Ejecutivo y Judicial, con independencia organizativa y atribución de funciones exclusivas. El TSE debe reconocerse como un Poder Electoral, con funciones tanto para la organización y dirección de los procesos electorales, como jurisdiccionales (exclusividad para resolver los conflictos en materia electoral, lo relativo a la nacionalidad y la condición de ciudadano). Para protección de los derechos políticos, es pertinente que la tramitación y decisión de los recursos de amparo corresponda al Poder Electoral. 3.- Poder Legislativo Mantener régimen unicameral de representantes, pero integrada con tres grupos: provinciales, nacionales y gubernamentales, estos últimos en la figura de los Vicepresidentes de la República. Diputados tendrían la condición de funcionarios de tiempo completo, con la posibilidad de ser reelectos en forma sucesiva. Asamblea sesionaría todo el año salvo los períodos de receso y vacaciones de normativa interna. Las sesiones se dividirán en sesiones ordinarias de iniciativa legislativa, y ordinarias de iniciativa de los otros poderes. Es conveniente también contemplar las leyes de iniciativa de los otros poderes, no solo el Ejecutivo, sino también en los ámbitos de su interés, del Poder Electoral y Judicial. Las normas relativas al presupuesto deben ser todas de conocimiento de la Asamblea, incluyendo las instituciones autónomas y entes públicos especializados, con una revisión previa a cargo del Poder Ejecutivo. El procedimiento de aprobación de leyes debe ser estructurado y ordenado para definir con claridad las distintas etapas en la formación de la voluntad, facultades de los diputados y los tiempos de duración de cada fase. Incluir la posibilidad de dar un trámite preferente y sumario a los proyectos de ley que determine el Poder Ejecutivo, durante el período de sesiones de leyes de iniciativa de otros poderes. 4.- Poder Judicial Sala Constitucional integrada con dos Secciones, de cuatro magistrados cada una, para conocer de los recursos de amparo (con excepción de los que conoce el TSE) y hábeas corpus, y podrán funcionar con tres magistrados. En caso de empate, Presidente integrará cualquiera de las Secciones. Las acciones de inconstitucionalidad serán de conocimiento del Tribunal en pleno, con un quórum estructural de siete magistrados. Sala Constitucional tendría la condición de órgano desconcentrado con personalidad jurídica instrumental, amplias facultades organizativas, presupuesto separado y potestad reglamentaria. 5.- Poder Ejecutivo Destacar la figura del Presidente de la República y su rol de dirección de la Administración Pública, y diseñar su ámbito de acción fundado en la figura del Ministro, limitando en lo posible la gestión de órganos colegiados, entiéndase el Consejo de Gobierno y las actuaciones conjuntas del Presidente y el Ministro. Los Ministros asumirán un papel más destacado y activo en el ámbito de su competencia. Presidente será de elección popular, con posibilidad de reelegirse en forma sucesiva por una única vez. Tendrá funciones de representación del Estado, velará por el funcionamiento regular de la Administración Pública y la unidad y continuidad del Estado. Solucionará los conflictos a lo interno de la Administración Central, y de esta con la Administración Municipal y Descentralizada; ordenará la intervención de entes públicos y adoptará las decisiones ejecutivas vinculantes para la atención de situaciones de interés general. Los Ministros serán funcionarios designados por el Presidente, tendrán a su cargo la conducción de los asuntos de su competencia, actuarán como coordinadores institucionales, y con poderes suficientes para orientar, armonizar e integrar la acción de los órganos y entes bajo su ámbito material. Esto significa una extensión de su responsabilidad política. 6.- Administración Municipal y descentralización Es imperiosa una reestructuración territorial, que optimice las áreas geográficas y la integración funcional, a fin de encontrar un equilibrio adecuado entre población, territorio e ingresos propios, y que favorezca las capacidades reales de cada comunidad y de su administración territorial. Los intereses locales deben ser deslindados constitucionalmente, y fijar los distintos niveles de interacción provincial y nacional, para acoplar sus componentes a la gestión del Poder Ejecutivo. Para la Administración Descentralizada es imprescindible ordenar los criterios de organización y creación de personas jurídicas públicas, con el objeto de frenar la proliferación de entes públicos y la excesiva atomización de competencias. Esto conlleva a fortalecer las facultades de dirección, fiscalización y control del Poder Ejecutivo, y la atribución de poderes vinculantes del Presidente de la República en situaciones calificadas. La estructura eficiente del sector público exige una definición y delimitación constitucional clara de las técnicas de descentralización, sus grados de independencia y los principios que la regirán. El Poder Ejecutivo tendrá que reanimar sus poderes de planificación y fiscalización de la inversión y aprovechamiento de los recursos públicos. 7.- Fiscalización y control Rejuvenecer las herramientas de fiscalización y control, dando énfasis a la supervisión de las obras y servicios públicos, en el seno del Poder Ejecutivo. Las funciones de tutela buscarán asegurar el correcto y oportuno uso de los recursos estatales, pero sin afectar la agilidad necesaria en la toma y ejecución de decisiones. Como principio de organización, corresponde reforzar las funciones de los órganos de contabilidad, tesorería y auditoría, y compatibilizar sus funciones al carácter auxiliar en la vigilancia de la hacienda pública de la Contraloría General de la República, órgano que recuperará sus funciones originales. Compromiso cívico Arias señaló que estas ideas expresan los pilares de una propuesta para la reforma del sistema político, y que dada la profundidad de las mismas, resulta indispensable la convocatoria a una Asamblea Constituyente. “Asumir el reto de una Asamblea Constituyente es un compromiso cívico, pues creo firmemente en la capacidad de esta Nación para revisar y actualizar, en un ambiente ordenado, pacífico y democrático, el texto constitucional”, dijo Arias. El Ministro concluyó su discurso, formulando una invitación a los sectores políticos que tengan voluntad de impulsar reformas a la Constitución, para encontrar la vía de canalizarlas en la Asamblea Legislativa, dejando de lado enfrentamientos político-electorales, y teniendo como objetivo entregarle al país un texto fundamental moderno que - dijo - “sea un real aporte para que podamos mirar hacia el futuro con optimismo, con entusiasmo, con dinamismo y, sobre todo, con fe enorme e inquebrantable en el destino superior de Costa Rica”.