Magistrados urgen crear tribunales de apelación

Miembros de sala III acudieron al congreso

• Así, Costa Rica cumpliría con sentencia de la Corte Interamericana
• La ausencia de segunda instancia es causa de 250 demandas contra país.

La creación de los tribunales que revisen integralmente las sentencias en materia penal es urgente para el país y para la administración de justicia. Así lo plantearon los cinco magistrados de la Sala Tercera ante los diputados que integran la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Asamblea Legislativa. Este último foro es el encargado de dictaminar el proyecto de ley que propone la instauración de los llamados tribunales de apelación o de segunda instancia en materia penal. El plan fue presentado por el liberacionista Jorge Méndez. Con la apertura de los tribunales de apelación el Estado pretende cumplir con la sentencia que le impuso la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el 2004 por el caso del periodista Mauricio Herrera Ulloa. “La Corte (Interamericana) dice que el derecho a recurrir debe ser ante un juez superior y distinto en grado durante el proceso; debe ser un recurso ordinario y antes de que la sentencia adquiera cosa juzgada (sentencia firme) ” , dijo el magistrado José Manuel Arroyo, presidente de la Sala Tercera. No obstante, el plan también procura detener la presentación de más demandas contra el Estado costarricense ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Washington, Estados Unidos. Según información recabada por el legislador libertario Mario Quirós, en este momento ya son 250 los reclamos que presentaron personas sentenciadas que exigen una revisión integral del fallo. “Si hay algún campo en el que una decisión no puede quedar en manos de un solo tribunal es en materia penal, pues tiene que ver con la libertad de las personas”, consideró Quirós. La Comisión es el órgano de la Organización de Estados Americanos (OEA) que recibe las demandas contra los estados miembros y determina si las eleva ante la Corte Interamericana, cuya sede está en Costa Rica. Problemas. El problema actual es que la impugnación de las sentencias penales solo se puede plantear ante los tribunales de casación y la Sala Tercera. Para intentar cumplir con el mandato de la Corte se flexibilizaron los requisitos de la casación y se ampliaron sus posibilidades. Además, se previó que los mismos jueces no revisen dos veces el mismo caso. Esto lo que provocó es que los sentenciados pidan una tras otra revisión de su caso para ver si con diferentes jueces logran un fallo más favorable. Así se han presentado hasta 15 solicitudes para un solo expediente y ahora hay una Sala Tercera suplente casi en forma permanente, explicó el magistrado. Arroyo viajará a Washington la próxima semana para dar explicaciones ante la Comisión a nombre del país. Irene Vizcaíno ivizcaino@nacion.com En pocas palabras Jorge Méndez Diputado PLN ‘El plan no cura vicios pasados’ ¿Por qué es importante este proyecto? Permitiría al país ser congruente en su ordenamiento interno con normas de rango superior (internacionales), que exigen la necesaria existencia de una segunda instancia y de la posibilidad de que un juez de alzada conozca el fallo contra una persona. ¿Cuántos tribunales de apelación serán necesarios? De la experiencia actual sería uno por provincia, luego no sería extraño que haya uno en cada circuito judicial. ¿Qué va a pasar con las 250 demandas ante la Comisión? Yo creo que este proyecto tiene efectos para adelante. No cura vicios en los que el Estado costarricense haya incurrido en el pasado. Son condenados y se les negó el derecho a recurrir. Eso es un problema grande Es un asunto de repercusiones económicas importantes y más que eso es estar acorde en derechos fundamentales. No es posible que Costa Rica se jacte de sus instituciones jurídicas y es de los pocos países que carece de segunda instancia (en materia penal).

Legisladores abren paso a tribunales de apelación

• Por fallo de corte interamericana

Un diputado oficialista y otro de oposición se aliaron ayer para abrirle paso al proyecto que crea los tribunales de apelación en materia penal. Su principal argumento es que con esa legislación, el país cumplirá con la sentencia que le impuso en el 2004 la Corte Intermericana de Derechos Humanos en el caso del periodista Mauricio Herrera Ulloa. Precisamente, la próxima semana representantes del país deberán dar cuentas sobre el tema ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington, Estados Unidos. El proyecto fue presentado por el liberacionista Jorge Méndez y se encuentra en estudio en la Comisión de Asuntos Jurídicos. Su objetivo primordial es permitir que los ciudadanos sentenciados puedan recurrir a una segunda instancia o tribunal de apelación para que revise integralmente esa sentencia. En la actualidad, en materia penal solo existe el recurso de casación que hace una revisión limitada del fallo. Esto pese a que en el 2006 se aprobó una ley para ampliar ese recurso. No obstante, tanto Méndez como su aliado en este causa, el diputado libertario Mario Quirós, calificaron de “parche” aquella legislación. Durante la sesión de ayer de la Comisión de Jurídicos, Quirós propuso que el proyecto pasara a primer lugar de la agenda. Sin embargo, por limitaciones del Reglamento Legislativo eso no fue posible. Aún así, lograron votar mociones para consultar el plan a la Corte Suprema de Justicia y al Colegio de Abogados. Hoy la Comisión recibirá a los cinco magistrados de la Sala III que ve los recursos de casación. Irene Vizcaíno ivizcaino@nacion.com

Ley Contra Crimen Organizado avanza al recharzársele 102 mociones

La Comisión de Seguridad Ciudadana conoció y rechazó esta mañana 102 mociones que se le habían presentado al Proyecto de Ley contra la Delincuencia Organizada, permitiendo con ello avanzar sustancialmente al superar el segundo día de mociones vía artículo 137. Para el diputado libercionista Jorge Méndez Zamora, de no haber sido por el acuerdo a que llegaron de previo todos los diputados integrantes de la Comisión, y que por consenso se pudieron rechazar esas mociones, la discusión de esas propuestas habría implicado el retrazo en la tramitación del expediente entre 6 y 8 semanas de trabajo, de acuerdo a los tiempo normales que se consumen por cada moción presentada. Señaló además, que otro aspecto positivo que se puede rescatar de la sesión de esta mañana, es la decisión de los integrantes de la Comisión de trabajar alrededor de un borrador de propuesta, con el fin de que sea revisado y enmendado si fuera del caso, para lograr incorporar los criterios positivos que cada uno de los integrantes pueda aportar al texto propuesto. "Lo importante es poder llegar a un producto legislativo que sea una herramienta eficaz para combatir a las mafias organizadas en el país, pero que también garantice a los ciudadanos honestos; garantizarles que no se van a dar acciones atropelladas por parte de las autoridades de policía o judiciales" Ante ello dijo también, que en algunos aspectos como las intervenciones bancarias y las intervenciones de los patrimonios de las personas, se debe procurar buscar un equilibrio para que haya eficacia en la acción policial, pero también respeto al derecho de las personas. Finalmente dijo que lo que se debe buscar es un equilibrio y que se llegue a legislar fuerte contra el crimen organizado, pero que no signifique que podamos incurrir en errores y convertir al país en un estado policiaco

Ministro Rodrigo Arias plantea ejes centrales para reforma de la Constitución

San José, Miércoles 11 de marzo de 2009. El Ministro de la Presidencia, Rodrigo Arias, planteó hoy los 10 ejes centrales en los que, a su juicio, debería centrarse una necesaria y urgente reforma a la Constitución Política, para ofrecer a los costarricenses un texto fundamental renovado y moderno. Esos ejes que, según Arias, podrían ser la base de reflexión y trabajo de una Asamblea Constituyente, serían: Sistema político y República, Derechos fundamentales, Régimen electoral, Poder Legislativo, Poder Ejecutivo, Poder Judicial, Administración Municipal, Administración descentralizada, Control y fiscalización, y, por último, Sistema normativo, vigencia y reformas a la Constitución. Rodrigo Arias detalló lo anterior al participar como uno de los oradores en la primera jornada del debate “Constitución Política - 60 Aniversario, ¿Reformas Parciales o Constituyente?”, efectuado en la Asamblea Legislativa, y organizado por dicho Poder de la República, FLACSO Costa Rica y la Fundación Interamericana. En su discurso, el Ministro dijo ver en la Asamblea Constituyente “la misión de buscar una mejor estructura organizativa y funcional, para solucionar la lentitud en la adopción y ejecución de decisiones cruciales, para rescatar el principio de autoridad y de acción del Poder Ejecutivo, y para potenciar la unidad y concertar eficientemente los medios y esfuerzos de todo el sector público, dando énfasis a las áreas sensibles de fiscalización y control”. Arias detalló algunas de sus propuestas de reformas en algunos de los ejes claves antes señalados: 1.- Derechos ciudadanos Sistematizar en un único título, ordenado por categorías, los derechos actualmente recogidos en la Constitución Política vigente, textos internacionales sobre derechos humanos y en los múltiples pronunciamientos de la Sala Constitucional, y precisar sus contenidos básicos. 2.- Régimen electoral El Estado debe optar por mantener una estructura organizativa repartida entre cuatro poderes: Electoral, Legislativo, Ejecutivo y Judicial, con independencia organizativa y atribución de funciones exclusivas. El TSE debe reconocerse como un Poder Electoral, con funciones tanto para la organización y dirección de los procesos electorales, como jurisdiccionales (exclusividad para resolver los conflictos en materia electoral, lo relativo a la nacionalidad y la condición de ciudadano). Para protección de los derechos políticos, es pertinente que la tramitación y decisión de los recursos de amparo corresponda al Poder Electoral. 3.- Poder Legislativo Mantener régimen unicameral de representantes, pero integrada con tres grupos: provinciales, nacionales y gubernamentales, estos últimos en la figura de los Vicepresidentes de la República. Diputados tendrían la condición de funcionarios de tiempo completo, con la posibilidad de ser reelectos en forma sucesiva. Asamblea sesionaría todo el año salvo los períodos de receso y vacaciones de normativa interna. Las sesiones se dividirán en sesiones ordinarias de iniciativa legislativa, y ordinarias de iniciativa de los otros poderes. Es conveniente también contemplar las leyes de iniciativa de los otros poderes, no solo el Ejecutivo, sino también en los ámbitos de su interés, del Poder Electoral y Judicial. Las normas relativas al presupuesto deben ser todas de conocimiento de la Asamblea, incluyendo las instituciones autónomas y entes públicos especializados, con una revisión previa a cargo del Poder Ejecutivo. El procedimiento de aprobación de leyes debe ser estructurado y ordenado para definir con claridad las distintas etapas en la formación de la voluntad, facultades de los diputados y los tiempos de duración de cada fase. Incluir la posibilidad de dar un trámite preferente y sumario a los proyectos de ley que determine el Poder Ejecutivo, durante el período de sesiones de leyes de iniciativa de otros poderes. 4.- Poder Judicial Sala Constitucional integrada con dos Secciones, de cuatro magistrados cada una, para conocer de los recursos de amparo (con excepción de los que conoce el TSE) y hábeas corpus, y podrán funcionar con tres magistrados. En caso de empate, Presidente integrará cualquiera de las Secciones. Las acciones de inconstitucionalidad serán de conocimiento del Tribunal en pleno, con un quórum estructural de siete magistrados. Sala Constitucional tendría la condición de órgano desconcentrado con personalidad jurídica instrumental, amplias facultades organizativas, presupuesto separado y potestad reglamentaria. 5.- Poder Ejecutivo Destacar la figura del Presidente de la República y su rol de dirección de la Administración Pública, y diseñar su ámbito de acción fundado en la figura del Ministro, limitando en lo posible la gestión de órganos colegiados, entiéndase el Consejo de Gobierno y las actuaciones conjuntas del Presidente y el Ministro. Los Ministros asumirán un papel más destacado y activo en el ámbito de su competencia. Presidente será de elección popular, con posibilidad de reelegirse en forma sucesiva por una única vez. Tendrá funciones de representación del Estado, velará por el funcionamiento regular de la Administración Pública y la unidad y continuidad del Estado. Solucionará los conflictos a lo interno de la Administración Central, y de esta con la Administración Municipal y Descentralizada; ordenará la intervención de entes públicos y adoptará las decisiones ejecutivas vinculantes para la atención de situaciones de interés general. Los Ministros serán funcionarios designados por el Presidente, tendrán a su cargo la conducción de los asuntos de su competencia, actuarán como coordinadores institucionales, y con poderes suficientes para orientar, armonizar e integrar la acción de los órganos y entes bajo su ámbito material. Esto significa una extensión de su responsabilidad política. 6.- Administración Municipal y descentralización Es imperiosa una reestructuración territorial, que optimice las áreas geográficas y la integración funcional, a fin de encontrar un equilibrio adecuado entre población, territorio e ingresos propios, y que favorezca las capacidades reales de cada comunidad y de su administración territorial. Los intereses locales deben ser deslindados constitucionalmente, y fijar los distintos niveles de interacción provincial y nacional, para acoplar sus componentes a la gestión del Poder Ejecutivo. Para la Administración Descentralizada es imprescindible ordenar los criterios de organización y creación de personas jurídicas públicas, con el objeto de frenar la proliferación de entes públicos y la excesiva atomización de competencias. Esto conlleva a fortalecer las facultades de dirección, fiscalización y control del Poder Ejecutivo, y la atribución de poderes vinculantes del Presidente de la República en situaciones calificadas. La estructura eficiente del sector público exige una definición y delimitación constitucional clara de las técnicas de descentralización, sus grados de independencia y los principios que la regirán. El Poder Ejecutivo tendrá que reanimar sus poderes de planificación y fiscalización de la inversión y aprovechamiento de los recursos públicos. 7.- Fiscalización y control Rejuvenecer las herramientas de fiscalización y control, dando énfasis a la supervisión de las obras y servicios públicos, en el seno del Poder Ejecutivo. Las funciones de tutela buscarán asegurar el correcto y oportuno uso de los recursos estatales, pero sin afectar la agilidad necesaria en la toma y ejecución de decisiones. Como principio de organización, corresponde reforzar las funciones de los órganos de contabilidad, tesorería y auditoría, y compatibilizar sus funciones al carácter auxiliar en la vigilancia de la hacienda pública de la Contraloría General de la República, órgano que recuperará sus funciones originales. Compromiso cívico Arias señaló que estas ideas expresan los pilares de una propuesta para la reforma del sistema político, y que dada la profundidad de las mismas, resulta indispensable la convocatoria a una Asamblea Constituyente. “Asumir el reto de una Asamblea Constituyente es un compromiso cívico, pues creo firmemente en la capacidad de esta Nación para revisar y actualizar, en un ambiente ordenado, pacífico y democrático, el texto constitucional”, dijo Arias. El Ministro concluyó su discurso, formulando una invitación a los sectores políticos que tengan voluntad de impulsar reformas a la Constitución, para encontrar la vía de canalizarlas en la Asamblea Legislativa, dejando de lado enfrentamientos político-electorales, y teniendo como objetivo entregarle al país un texto fundamental moderno que - dijo - “sea un real aporte para que podamos mirar hacia el futuro con optimismo, con entusiasmo, con dinamismo y, sobre todo, con fe enorme e inquebrantable en el destino superior de Costa Rica”.

Comisión de seguridad arde en pleitos políticos

• Cortado el diálogo entre fracciones sobre plan contra mafia organizada:

La Comisión Especial de Seguridad Ciudadana perdió una semana más de trabajo en el trámite del proyecto de Ley contra la Delincuencia Organizada, frenado desde mediados de enero. El comité no pudo reunirse ayer por la ausencia de 5 de sus 9 miembros. Su presidente, el diputado libertario Luis Antonio Barrantes, se apresuró a acusar a los ausentes de desinterés en el proyecto.

DESILUSIONADO

Incluso, Barrantes se negó a convocar a la comisión a una sesión extraordinaria para esta semana, según él porque no hay ambiente para acelerar la iniciativa. “Hoy (ayer para el lector) para mí es un día triste. Yo estuve en la Asamblea a las 6.30 de la mañana para estudiarme las mociones presentadas y para planear el trabajo de la comisión. Diay, a las 8.30, cuando iba a abrir la sesión, solo estábamos cuatro diputados. Siento que hay compañeros que no tienen interés en que este proyecto avance”, se sinceró el diputado. Barrantes consideró que el proyecto para el combate contra las bandas de delincuentes requiere mayor seriedad por parte de los diputados. “Hay compañeros que no desean trabajar. La solución es muy sencilla: que se vayan y les den campo a otros diputados que sí tienen interés”, aseguró.

INFORMALIDAD

Elizabeth Fonseca, representante del Partido Acción Ciudadana (PAC) en la comisión, señaló al liberacionista Luis Carlos Araya, a la independiente Evita Arguedas y a Guyón Massey, de Restauración Nacional, como los responsables de que el panel enfrente problemas para sesionar. “Esas son personas que normalmente nunca están a la hora de abrir las sesiones. Entonces si el resto de los compañeros tiene un retraso, la comisión no puede sesionar. Ahí sí hay falta de compromiso”, recalcó la rojiamarilla. Fonseca además reiteró que hay fracciones legislativas interesadas en que el proyecto de ley no avance para favorecer intereses subterráneos. Respecto de las críticas del PAC, Evita Arguedas se sacudió y atribuyó el estancamiento de la Ley contra la Delincuencia Organizada a un pleito con características electorales por la paternidad del proyecto. “Que se dejen de cuentos porque ya el Movimiento Libertario, el PAC y Liberación Nacional están en campaña política y les interesa adueñarse de la bandera de la seguridad ciudadana para ganar votos”, recriminó. Arguedas cree que la decisión de Casa Presidencial de negociar los contenidos del proyecto a solas con los diputados Bienvenido Venegas y Jorge Eduardo Sánchez, de la Unidad Social Cristiana, dio al traste con dos meses de trabajo de la comisión que generaron un texto aprobado por unanimidad. “Yo soy diputada independiente, no tengo metas electorales y por eso antepongo los intereses del país a los míos”, puntualizó.

CON EL TIEMPO EN CONTRA

El liberacionista Jorge Méndez subrayó que en cualquier panorama la Ley contra la Delincuencia Organizada debe ser aprobada por el plenario antes del 30 de abril, fecha en que acabará la fase de sesiones extraordinarias controlada por el Poder Ejecutivo. Méndez cree que en periodo de ordinarias, cuando las bancadas retomen el control de la agenda legislativa, será complicado colocar la iniciativa de ley entre las prioridades del Congreso. “Este es un proyecto que nació en el Poder Ejecutivo, por eso el interés del Ministerio de la Presidencia en reunirse con diversos actores para facilitar su trámite durante estas sesiones extraordinarias. Entonces no entiendo por qué algunos señores diputados están tan resentidos porque no se les invitó la semana pasada a una reunión. El lunes se invitó a toda la comisión a una cita y el PAC no deseó asistir, eso no lo puedo entender”, culminó. El próximo martes la Comisión de Seguridad Ciudadana intentará reunirse de nuevo, sea para discutir una a una las más de 135 mociones o para adoptar una única moción que incluye cambios a casi todos los artículos de la Ley contra la Delincuencia Organizada. Gerardo Ruiz Ramón gruiz@diarioextra.com

Amplia actividad de la administración Arias Sánchez este fin de semana en la región de Pococí y Guácimo

Una apretada agenda tienen programada las autoridades de gobierno para el próximo fin de semana en distintas comunidades de los cantones de Pococí y Guácimo de la provincia de Limón. Según dijo el Diputado Jorge Méndez, el objetivo de la gira es “inaugurar una serie de obras que se han venido impulsado durante el presente gobierno, con el fin de traer bienestar a esas poblaciones”. En el campo de la Vivienda, para mañana viernes 27 de febrero, a las 10 a.m., está programada la inauguración de una nueva etapa del proyecto habitacional El Nido en La Rita de Pococí, mientras que a las 11:30 a.m. será inaugurada la primera etapa del proyecto de vivienda Santa Paula, en el centro de Guácimo. En ambos actos participará la Ministra de Vivienda y Asentamientos Humanos, Ing. Clara Zomer y funcionarios del Banco Hipotecario de la Vivienda. Entre tanto, para el próximo sábado 28 de febrero, a las 9:30 a.m. se tiene programado que el Presidente de la República, Dr. Oscar Arias Sánchez, inaugure las nuevas instalaciones del centro penal La Leticia, en Roxana de Pococí. A esa misma hora autoridades de la Caja Costarricense de Seguro Social estarán inaugurando un amplio edificio que albergará las instalaciones de una nuevo EBAIS para los vecinos de San Rafael de Guápiles y comunidades aledañas. A las 11 a.m del próximo sábado, en compañía del Presidente Ejecutivo de CCSS, Dr. Eduardo Doriam, el primer mandatario estará inaugurando la sede del nuevo EBAIS de Barrio Najera. Durante esta actividad el Presidente Oscar Arias procederá a donar parte de su salario al Comité de Padres de Familia del Aula Integrada de Desarrollo Vocacional de Cariari, que atiende a niños con diferentes discapacidades. El objetivo de la donación es proveer a los niños de diferentes requerimientos, como sillas de ruedas, maquinas de coser, implementos para el taller de manualidades y artículos de cocina, entre otras. Por otra parte, a las 12:15 p.m. del sábado será inaugurado el nuevo EBAIS de San Antonio de Roxana, siempre con la participación del Presidente Arias Sánchez. En otros aspectos relacionados con campo de la salud, el Diputado Jorge Méndez informó haber recibido una respuesta positiva de las autoridades de la CCSS para la asignación de 36 nuevas plazas al Hospital de Guápiles, que serán distribuidas entre más enfermeras, secretarias y asistentes de pacientes. Para los próximos meses, agregó, se autorizarán nuevas plazas para especialistas y se iniciarán las obras de ampliación y mejoramiento de ese centro médico.

Diputado reprocha a jueces que objetan la nueva Ley de Tránsito

• Jorge Méndez del PLN, los acusa de no querer perseguir a los infractores:

El diputado Jorge Méndez de Liberación Nacional, arremetió contra los jueces que objetan aplicación de la nueva Ley de Tránsito. El diputado Jorge Méndez, del Partido Liberación Nacional (PLN), devolvió las críticas a los jueces del Poder Judicial, quienes resaltaron las fallas en la nueva Ley de Tránsito en vigencia desde el 23 de diciembre pasado. Según Méndez, los jueces han criticado el endurecimiento en las normas viales porque tienen “una posición de mínima persecución penal”. Por ello el legislador vaticina que se elevarán muchas consultas de constitucionalidad sobre la Ley de Tránsito. CRÍTICOS El juez David Hernández, coordinador del Tribunal Penal de Flagrancia del Segundo Circuito Judicial de San José, decidió la semana anterior suspender un juicio que se seguía contra una mujer, quien presuntamente conducía temerariamente, hasta que los magistrados de la Sala Constitucional determinen si tres artículos de la Ley de Tránsito rozan con la Constitución Política, lo que la haría inaplicable.Además, Rosaura Chinchilla, jueza de Casación Penal de San José, ha señalado en varios medios de comunicación los errores que a su criterio contiene la legislación vial, entre ellos, errores de numeración que impiden que la ley concuerde con otras normas como el Código Penal. Esa actitud tiene molestos a varios legisladores, entre ellos, Andrea Morales, presidenta de la Comisión de Asuntos Jurídicos, panel que construyó la nueva normativa. LO TEMÍA El diputado Jorge Méndez afirmó que era de esperar una consulta de constitucionalidad como la que planteó la semana anterior el juez David Hernández. Según el liberacionista, la consulta planteada ante el alto tribunal constitucionalista restringe mucho lo que pretende la Ley de Tránsito: “Es buscarle muchos pelos a la sopa decir que los objetivos de la ley están poco claros, así como ponerse a interpretar los encabezados de los artículos consultados ante la Sala cuando son específicos en lo que se pretende. Sin embargo, esto va a ser siempre así, porque podemos llevar la mejor redacción de la Ley de Tránsito, que siempre habrá jueces con esta posición de mínima persecución penal”, consideró Méndez. El verdiblanco agregó: “Lo que sí deben tener claro los jueces de la república y toda la población, es que la mayoría de los diputados consideramos que ha sido una decisión acertada penalizar la conducción bajo los efectos del licor. Ahí está el montón de víctimas que no se produjeron durante diciembre y enero gracias a esa regulación que es indudablemente preventiva dentro del derecho penal costarricense”. Méndez recalcó sus reproches contra los jueces a quienes acusó de no desear más reformas penales porque “entre menos expedientes tengan (casos que resolver) la estadística dice que su rendimiento será mejor”. El diputado sí advirtió que el Congreso no debe perder más tiempo y empezar a preparar desde ya un proyecto de ley que enmiende los artículos de la Ley de Tránsito que causan dudas a los jueces encargados de aplicarla en los Tribunales. Gerardo Ruiz Ramóngruiz@diarioextra.com

Aprueban Ley Contra la Delincuencia Organizada

San José, 29 de 0ctubre de 2008. La Comisión especial de Seguridad Ciudadana, dictaminó por unanimidad la Ley Contra la Delincuencia Organizada. Se define delincuencia organizada como toda asociación estructurada de tres o más personas, de carácter permanente o no, con la finalidad de cometer concertadamente uno o varios delitos graves, cuando el delito pueda ser sancionado con prisión de cuatro o más años. Entre los delitos de delincuencia organizada se encuentran el homicidio y lesiones contra comunicadores, miembros de los supremos poderes y funcionarios judiciales, también el tráfico nacional e internacional de drogas y armas, el tráfico de personas, la explotación sexual, la legitimación de capitales, y la corrupción entre otros. Según indicó el diputado Jorge Méndez, entre los aspectos más importantes que recoge esta iniciativa de ley están la definición de los delitos graves, se crea la plataforma única de información policial, se amplia el rango de delitos para las intervenciones telefónicas y se crea una comisión para el manejo de eventos críticos. Una de las regulaciones más importantes es la referida a la obligación de justificar los patrimonios emergentes, que obligará a las personas a justificar el incremento de capital sin causa licita aparente. Si la persona no justifica su patrimonio o los incrementos emergentes, será condenada a la pérdida del patrimonio y a pager los impuestos, las multas y las costas de la investigación. Por su parte el legislador Luis Carlos Araya, señaló que el proyecto sanciona con pena de prisión de 5 a 15 años a quién conociendo la existencia de la investigación de su patrimonio, lo distrajera traspasándolo, gravándolo, destruyéndolo o haciéndolo litigioso. Igualmente, impone penas de prisión de hasta 6 años a los funcionarios públicos, judiciales o de entidades financieras que por negligencia, imprudencia o falta de cuidado, faciliten la distracción de patrimonio.

“Los esperaremos con los brazos abiertos”

La provincia se prepara: Los diputados Jorge Méndez Zamora y Yalile Esna Williams, conjuntamente con dirigentes del ICODER y representantes de los comités cantonales de deporte de los seis cantones de la zona del Caribe, dieron a conocer detalles sobre lo que será la organización de los Juegos Deportivos Nacionales del Caribe 2009.

Méndez dijo que los juegos son una fiesta nacional y destacó la participación de los Comités Cantonales de Deportes. “Queremos decirle al pueblo de Costa Rica que los vamos a estar esperando para recibirlos con los brazos abiertos; estamos seguros que a todos les será fácil hacer amigos en esta región”, agregó.

Yalile Esna dijo, por su parte, que la provincia de Limón ha dado excelentes atletas al país y destacó a Nery Brenes participante en las Olimpiadas de Beijin. La diputada limonense manifestó que su provincia sufre serios problemas de pobreza y que los jóvenes necesitan actividades recreativas y deportivas. Dijo que invitan a los costarricenses a unirse a estas justas deportivas y conocer una de las zonas más bellas del país, que tiene, además, playas muy lindas como Cahuita, Puerto Viejo, Cocles y Manzanillo. Ambos legisladores enfatizaron en que la decisión de realizar las justas deportivas en la región caribe, es un reconocimiento y una gran identificación de la Administración del Presidente Oscar Arias hacia la provincia de Limón... (Presione el titulo para ver la nota completa...)

Sosto insiste: división de poderes no es absoluta

El magistrado suplente, Federico Sosto, destacó ayer en su comparecencia ante la comisión legislativa de Control de Ingreso y Gasto que su colaboración con el Poder Ejecutivo no implica una violación a la división de poderes de la República. El jurista manifestó que, de acuerdo con fallos de la Sala Constitucional, los tres poderes de la República –Legislativo, Ejecutivo y Judicial– no deben estar distanciados entre sí. “Debe considerarse que el Estado es una unidad de acción y poder, y en tal condición no resulta eficiente ni eficaz su fragmentación. Esa unidad no existiría si cada poder fuera un órgano independiente”, dijo Sosto al citar la sentencia de la Sala Constitucional 2006-13323, de setiembre del 2006.

(...) Según el diputado del Partido Liberación Nacional (PLN), Jorge Méndez, las acusaciones contra el magistrado suplente se deben a una cuota de “hipocresía política” que se da en el seno del Congreso... (Presione el titulo para ver la nota completa...) Esteban Mata emata@nacion.com

Testigos y victimas serán ahora aliados más seguros de la administración de justicia

La Comisión de Seguridad Ciudadana de la Asamblea Legislativa aprobó esta mañana una iniciativa del Diputado Liberacionista Jorge Méndez, que pretende disminuir la impunidad en la persecución de los delitos. Se trata del plan que busca autorizar al Poder Judicial para brindar protección a las víctimas y testigos que deben declarar en un juicio penal. La protección también alcanzaría a los funcionarios judiciales que deben asumir la tarea de investigar y juzgar los hechos delictivos, especialmente cuando se trate de criminalidad organizada y violenta. La propuesta aprobada propone reformas al Código Procesal Penal que incluyen tanto las medidas extraprocesales de protección como las medidas que se deben tomar en juicio para proteger a las víctimas, testigos y demás intervinientes en un proceso. El legislador Méndez Zamora afirmó que un testigo o víctima protegido es un fuerte aliado de la administración de justicia y cuanta mayor sea la colaboración que tenga la justicia menor será la impunidad... (Presione el titulo para ver la nota completa...)